Constitución

Una de las normativas complementarias es la constitución en la cual establece como norma suprema del país, proporciona el marco general en el que se desarrollan y aplican las leyes laborales, incluyendo la valuación de puestos. A continuación se analiza en detalle cómo los principios constitucionales impactan la valuación de puestos.

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 123 es el pilar fundamental del derecho laboral en México. Se divide en dos secciones: la primera regula las relaciones laborales para los trabajadores en el sector privado, y la segunda se refiere a los trabajadores del sector público. La relevancia para la valuación de puestos se encuentra en los siguientes aspectos:

Equidad Salarial

• Artículo 123, Apartado A, Fracción XX: Establece que a "trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual". Esta fracción es crucial para la valuación de puestos, ya que impone la obligación de que los salarios deben ser iguales para trabajos iguales en condiciones similares. Esto subraya la necesidad de una valuación justa y precisa de los puestos para evitar discrepancias salariales injustificadas.

Principios de Justicia y Equidad

• Artículo 123, Apartado A, Fracción XIII: Señala que el salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas del trabajador y su familia. Esto implica que la valuación de los puestos debe considerar no solo las responsabilidades y habilidades requeridas, sino también el costo de vida y el valor del salario en relación con las necesidades del trabajador.
• Artículo 123, Apartado A, Fracción XV: Establece que el salario debe pagarse en moneda de curso legal y en forma directa y completa. Esto significa que la valuación de puestos debe garantizar que los salarios calculados sean efectivos y no se reduzcan por deducciones indebidas o prácticas injustas.

Prohibición de Discriminación

• Artículo 123, Apartado A, Fracción VI: Prohíbe la discriminación en el empleo por razones de raza, sexo, edad, religión, estado civil, nacionalidad, entre otras. En la valuación de puestos, esto se traduce en la obligación de asegurar que los criterios utilizados no sean discriminatorios y que todos los trabajadores reciban una compensación justa y equitativa.